COMUNICADO

Profunda Preocupación Por La Impunidad Que Existe Alrededor Del Caso Del Ex Jefe De Seguridad De La Empresa Hudbay Minerals/CGN

Comunicado de la Comision Internacional de Justicia

27 abril 2017

 

El llamado “caso HUDBAY” es uno de los más graves de la post Guerra en Guatemala, ya que se utilizó la violencia extrema en contra de dirigentes comunitarios que defienden su territorio.  El 27 de septiembre de 2009, Adolfo Ich, maestro y líder comunitario fue asesinado; el mismo día, en el mismo incidente en el que murió Adolfo Ich, German Chub Choc fue herido gravemente, habiendo quedado parapléjico; dos años antes, once mujeres Q´eqchís fueron violadas sexualmente durante un desalojo efectuado por guardias privados de seguridad de la empresa mencionada.  Todos los hechos se mantienen en total impunidad.

A pesar de la gravedad de estos hechos y de las vastas pruebas ofrecidas por la fiscalía y por los querellantes adhesivos, con fecha 6 de abril de 2017, la jueza ANA LETICIA PEÑA AYALA, Jueza Unipersonal de Sentencia Penal, Noarcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Izabal con sede en Puerto Barrios, conoció el caso por los dos primeros delitos y dictó fallo por medio del cual absolvió al coronel retirado MYNOR RONALDO PADILLA GONZÁLEZ (ex jefe de seguridad de la empresa HUDBAY/CGN), ordenando su inmediata libertad.

La CIJ considera que durante el proceso se dieron una serie de irregularidades, como la orden de la jueza Peña Ayala de excluir al público y a periodistas de la sala por presuntas “razones de seguridad”, llevando la mayoría del juicio a puerta cerrada y sin la presencia de público en general, ni de medios de comunicación, sin dar razones válidas para ello.

Además, para la lectura de la sentencia respectiva, la Jueza Peña Ayala ha citado a las partes en diferentes fechas (18, 19 y 25 de abril); sin embargo, a pesar de estar presentes las partes, la sentencia no ha sido leída, aduciendo que la misma no está finalizada.   De esta forma, se ha violado el artículo 390 del Código Procesal Penal, que establece que se debe dar lectura a la sentencia, a más tardar, dentro de los cinco días siguientes al pronunciamiento del fallo.

En Guatemala, lamentablemente se siguen dando numerosos hechos de violencia y muertes de líderes comunitarios y ataques a campesinos, por problemas derivados de la conflictividad agraria, explotación de recursos naturales, construcción de hidroeléctricas o por los nuevos cultivos asociados a biocombustibles.  El Sistema de Justicia sigue demostrando ineficacia y falta de independencia e imparcialidad.

Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centro América expresó: “Este caso demuestra la impunidad que impera en Guatemala y los obstáculos que encuentran las comunidades indígenas en el ejercicio del Derecho de Acceso a la Justicia. En casi todos los casos, no es posible aclarar la verdad de los hechos, porque hay personas poderosas involucradas y las y los jueces las protegen.”

 

Ramon Cadena, ramón.cadena@icj.org

Guatemala, 27 de abril de 2017

 

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