SOLUCIÓN DE FONDO A LA CRISIS

SOLUCIÓN DE FONDO A LA CRISIS

La Convergencia por los Derechos Humanos plantea que no es el momento de dar vuelta a la página o pretender negociar impunidad.  La crisis que vivimos tiene como origen la persecución penal que impulsada desde el Ministerio Público, con o sin acompañamiento de la CICIG, se da contra personas importantes del sector político, el crimen organizado y el sector empresarial.  Desde el año pasado con casos como la Cooptación del Estado, la persecución penal fue desnudando la participación de una parte del empresariado en la financiación electoral y en el pago de sobornos. Por otra parte, era evidente la necesidad de abordar el centro de la cleptocracia en el manejo de los partidos políticos y la responsabilidad de sus Secretarios Generales; lo cual fue develado la semana anterior.

Este es el momento de tener claro que la crisis no es producto de un conflicto entre Jimmy Morales e Iván Velásquez. Es un proyecto de respuesta de los sectores afectados por la lucha contra la impunidad, ante la fuerza de  la ciudadanía que busca que se transite hacia un estado democrático de derecho capaz de proteger los Derechos Humanos y resolver los conflictos entre personas sin mediar la compra de voluntades.

También es un momento de romper con las falsas etiquetas con las que el proyecto de impunidad quiere mantener sus privilegios y ganancias.  La lucha contra la corrupción no es un asunto de izquierdas y derechas; la disputa por la justicia no es un asunto de religiones ni de clases; no todos los empresarios son explotadores, ni las personas que luchan por los Derechos Humanos son vividoras, ni todos los funcionarios públicos, judiciales y políticos son parte de la arquitectura de la corrupción. 

El momento actual es de reconocer que aunque la resolución de la disputa constitucional sobre la legalidad de la decisión de Jimmy Morales se ha concluido confirmando a Iván Velásquez en su puesto; las intenciones de expulsarlo no han cesado y sigue habiendo movimientos en su contra.  La ciudadanía necesita comprender que una CICIG sin Iván Velásquez no es posible porque es público y notorio que las críticas en su contra provienen, en su núcleo, de los sectores que se benefician de la impunidad.  Estos sectores utilizan desinformación, argumentos falaces, falsos nacionalismos y miedos ciudadanos para involucrar personas de buena fe en una campaña como la que se ha desarrollado contra CICIG.

La salida de la crisis debe desembocar en un diálogo que en realidad busque reformas institucionales que reconozcan al Estado pluricultural, multilingüe y multiétnico y con ello su correspondencia institucional; que reformen el sector justicia para impedir la injerencia política; que retire los candados que impiden la fiscalización del sector privado y otra serie de retos institucionales que hemos detectado durante la vida democrática de Guatemala. Sin embargo,  consideramos que este paso no puede darse si el antejuicio contra el Presidente Jimmy Morales no prospera y el Pacto por la Impunidad no se disuelve.  Esto deberá incluir el desmontaje del discurso guerrerista y amenazante asumido por el Presidente y el Alcalde el 29 de agosto.

Ante esto, hacemos un llamado a:

  • La población a no desmovilizarse hasta que el antejuicio contra Jimmy Morales  sea levantado y pueda procederse a la investigación sobre la procedencia de los fondos anónimos y encontrar aquellos financiamientos ilícitos que fueron escondidos por el FCN.

  • Las movilizaciones públicas a concentrar su atención en la Corte Suprema de Justicia y en la Sala a la que se haya derivado el antejuicio presentado por el Ministerio Público con apoyo de la CICIG hasta que sea enviado al Congreso porque allí podría estar la próxima movida de la impunidad. 

  • A los grupos sociales a realizar movilizaciones para demandar la inmediata aprobación de las Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de la Carrera Judicial y Ley de Comisiones de Postulación como condición necesaria para entrar a procesos de diálogos serios que incluyan a la clase política.

  • Al Procurador de Derechos Humanos, quién está impulsando un proceso de diálogo, a no dejarse atrapar por modelos de diálogo elitistas, urbano céntricos, sin compromisos políticos serios de los actores de poder y sin tomar en cuenta a los Pueblos Indígenas que son la mayoría del país.  En su metodología deberá considerar los cientos de diálogos que han terminado en nada y que han profundizado la impunidad; el más reciente el desarrollado para la Reforma Constitucional.

  • A la comunidad internacional a continuar apoyando el proceso en Guatemala, con la firmeza con la que se han posicionado hasta el momento y a que no bajen la guardia hasta ver que el pacto de impunidad se haya roto.

 

Guatemala, 31 de agosto de 2017