Contexto

Aunada a la inequidad y la desigualdad en la distribución de la riqueza que históricamente ha caracterizado a Guatemala, en la actualidad la dinámica política y social está muy marcada por un escenario de disputa territorial e institucional en el marco de la intensificación del narcotráfico en la región, que permea estas dinámicas a todos los niveles y en los distintos ámbitos. En la actualidad esto se traduce en corredores protegidos para la libre circulación de ilícitos que incluye la trata de personas y el mercado de armamento, entre otros. Por otro lado, a partir del proceso electoral reciente y el ascenso del nuevo gobierno, el contexto actual del país presenta retos, paradojas y dilemas de distinta índole y a distintos niveles, que al momento de escribir este Plan están todavía por aclararse.

Está teniendo lugar una reconfiguración de nuevos poderes y reacomodos de fuerza en el nivel central del gobierno, del ejército y del empresariado y de las mismas organizaciones sociales, que se expresa también en las comunidades. En el imaginario colectivo se instala la idea de la fuerza y el orden como garantes de la estabilidad y seguridad que la población reclama. Se han incrementado y afinado los mecanismos de control y vigilancia que sin ser ostensibles son sistemáticos y que, amparados en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, ponen al ejército nuevamente como garante de la seguridad ciudadana.

Son cada vez más explícitos los indicios de un proceso de remilitarización que hace girar los ojos hacia las antiguas estructuras de las Patrullas de Autodefensa Civil. Esto no significa que las patrullas vayan a ser reactivadas, sino que más bien el poder simbólico militar hace sentir fortalecidos a los viejos cacicazgos autoritarios en todos los niveles. En esta dirección parecen apuntar las juntas locales que amparan la reanudación de patrullajes conjuntos bajo la lógica de fuerzas de tarea coordinadas por el Ejército, con lo que se justifica la reapertura de destacamentos militares. Esto hace que haya riesgo de que reactiven mecanismos como la mal llamada “limpieza social” y que se vean como una salida natural, visión que es alentada de muchos modos por el aparato mediático empresarial.

En este proceso de reacomodos, se están impulsando iniciativas que, en el marco del modelo económico y político prevaleciente, permitan avanzar hacia el logro de la estabilidad social a través de programas sociales y la aprobación de leyes que han estado estancadas en el legislativo. Estas iniciativas también persiguen de manera importante generar los recursos que el Estado necesita para garantizar el impulso de esos programas y de sus planes de seguridad.

En cuanto al enfoque del nuevo gobierno alrededor de los derechos humanos, de particular importancia para el ECAP, se notan cambios en la institucionalidad y en el discurso, que apuntan a aumentar la legitimidad del gobierno, tanto interna como internacionalmente, a través de acciones como por ejemplo la firma del Estatuto de Roma y el reconocimiento nuevamente de los Acuerdos de Paz como agenda nacional; a la vez que se impulsan acciones como la creación de fuerzas de tarea para enfrentar la violencia y el aumento del control y vigilancia sobre dirigentes y organizaciones. Es significativa la insistencia del discurso oficial en no ver hacia el pasado y abandonar las demandas de reconstitución y validación jurídica de la memoria histórica, en un contexto sumamente complejo de presiones y visiones diversas sobre la forma de avanzar en el resguardo de la frágil gobernabilidad del país.

Todo este esfuerzo mediático y político a favor del olvido aboga al mismo tiempo para que a la gradual militarización del Estado producto de la indefensión social, se le otorgue carta de naturaleza. De ahí que sea frecuente escuchar sobre fuerzas de tarea cuando se habla incluso del impulso de actividades relacionadas con la educación, el arte o los deportes. Paralelamente sigue descollando la actividad minera no solo impactando físicamente las áreas explotadas sino sobre todo las relaciones del entorno comunitario, constituyéndose en verdadero factor de desestabilización, coerción y cooptación de los liderazgos locales. En contraposición, aumenta la criminalización contra las comunidades y organizaciones que luchan por resguardar sus territorios y en contra de los mega-proyectos, y ya se visualiza una tensión creciente y una represión selectiva dado que el Ejecutivo ha dicho con mucha fuerza que se impulsaran estos proyectos en el país porque necesita de los recursos que generan.

Al tiempo que en esas campañas se condena la lucha por la soberanía como una reivindicación polarizadora, se está produciendo el cierre de espacios públicos de incidencia desde la sociedad civil que no está plegada al modelo vigente. Además se desarrolla una política de cooptación de liderazgos para dividir y neutralizar los movimientos territoriales en el corazón mismo de las comunidades.

Pensamos que se buscará la neutralización de la capacidad de incidencia del movimiento de derechos humanos con algunas medidas de advertencia y disuasión, de la que no pueden excluirse operaciones de amedrentamiento y coerción. Esto incluye la práctica de socavar su prestigio y su calidad de interlocutor interno y externo.

Las comunidades y las organizaciones sociales mientras tanto, deberán de agilizar sus mecanismos de comunicación interna y externa y prepararse para ser interlocutoras de calidad de cara a la necesaria reformulación del Estado guatemalteco. Esto en un contexto internacional que por ahora parece ser proclive a optar por la eficacia en las acciones gubernamentales aunque se sacrifique la democracia participativa.

Por su parte, las empresas transnacionales vinculadas a megaproyectos ubicados principalmente en territorios de población indígena, se instalan fuertemente y en sociedad con capitales nacionales o por cuenta propia, valiéndose de cuerpos de seguridad privados para enfrentar a quienes se oponen a su presencia, o comprando tierras a precios bajos a personas de las comunidades que ante la falta de recursos ceden sus territorios, lo que aumenta la polarización en algunas comunidades. En la mayor parte de los casos, estas empresas operan con respaldo gubernamental y criminalizan a través de denuncias e incluso demandas legales a los y las opositoras del impulso de estos proyectos en sus territorios.