COMUNICADO

ANTE LA PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA,

LA CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS:

 

  1. Reconoce que la justicia es un deber del Estado guatemalteco y un derecho de sus habitantes, toda vez que el ejercicio de los derechos fundamentales solo es posible si existe un sistema de control eficiente del poder público y un fuerte empoderamiento de la ciudadanía para exigir sus derechos. Lo que en otras palabras no es más que contar con lineamentos democráticos eficaces, herramientas republicanas de control social y un engranaje institucional que funcione de acuerdo con los principios de un Estado Democrático de Derecho.

  2. Aplaude que los Presidentes de los Organismos del Estado, con el apoyo de la Secretaría Técnica del Dialogo Nacional hayan puesto a la disposición de la sociedad, un documento base con una propuesta de reformas en materia de justicia, sobre la que se invitó a todos los sectores sociales a dialogar y a presentar sus propuestas sobre dichas reformas; pero sobre todo, que en el proceso de diálogo, regional y  nacional, hayan participado infinidad de organizaciones e instituciones representantes de diversos sectores sociales.

  3. Reconoce que dicha propuesta de reforma busca mejorar el acceso a la justicia, principalmente de conglomerados que tradicionalmente han sido excluidos del sistema, como los pueblos indígenas y las mujeres; fortalecer la independencia, imparcialidad y transparencia de las instituciones; asegurar la idoneidad, capacidad y honradez de los funcionarios responsables a nivel institucional; despolitizar los procesos de selección y nombramiento de funcionarios del sistema; y lograr el reconocimiento expreso del sistema jurídico de los pueblos indígenas. 

  4. No obstante lo anterior, y aún cuando se reconoce que la propuesta, convertida en iniciativa 5179, contiene avances significativos que fortalecen la administración de justicia, también incluye algunos aspectos que es conveniente discutir y consensuar  antes de presentarla al pleno del Congreso y someterla a  consulta popular.

Por lo anterior, la Convergencia por los Derechos Humanos manifiesta:

Dado que el Congreso de la República es el único órgano legitimado para modificar la Constitución, no solo puede sino que debe por mandato constitucional analizar detenidamente el contenido de la iniciativa y en todo caso, buscar su modificación, tomando en cuenta lo siguiente:

 

  1. Que el sistema justicia debe cumplir su misión sin hacer distinciones ni provocar sometimiento alguno a nivel nacional e internacional en materia de Derechos Humanos.

  2. Que el sistema de justicia debe tomar en cuenta la realidad multiétnica, pluricultural, multilingüe y de género del país y los principios rectores de igualdad y no discriminación. 

  3. Que la administración de justicia oficial debe reflejar una clara separación entre las funciones administrativas y jurisdiccionales. 

  4. Que la administración de justicia debe reflejar un sistema de carreras profesionales y de concursos públicos que se base en criterios objetivos y transparentes y en méritos de idoneidad, capacidad y honradez.  

  5. Y que la administración de justicia debe reflejar claridad sobre los objetivos de cada puesto y los requisitos estratégicos según el nivel de responsabilidad. 

 

 

Guatemala 08 de noviembre de 2016