VERGONZOSO JUEGO CON LA JUSTICIA

Ante el uso sistemático e inicuo empleo de querellas y acusaciones contra defensores de Derechos Humanos, operadores de justicia y periodistas por parte de la Fundación Contra el Terrorismo, la Convergencia por los Derechos Humanos, DECLARA:

  1. Poco a poco, el sistema de justicia en Guatemala hace esfuerzos por estar al nivel de las necesidades reales de la sociedad. Ha llevado décadas el proceso de reforma para dotarnos de una estructura que supere de una vez por todas la rémora de la corrupción y la impunidad. Todavía falta mucho por hacer. Sin embargo, desde diversos espacios la sociedad civil organizada ha brindado sus aportes para asegurar que se produzcan los cambios necesarios y que no haya retroceso en los mismos.

  2. Los procesos penales contra estructuras de corrupción impulsadas desde la presidencia de la república durante el gobierno anterior, las investigaciones sobre el robo de recursos en el organismo legislativo, las prebendas a empresas y funcionarios corruptos en el sistema de seguridad social y de salud pública, entre otros, son resultado de los esfuerzos sociales descritos.

  3. De igual forma, los juicios por graves violaciones a derechos humanos, por violación al derecho al territorio y un ambiente sano, por violencia contra las mujeres, por explotación y violencia contra niñas, niños y adolescentes, son producto del empuje de organizaciones de derechos humanos.

  4. La apuesta ciudadana es por alcanzar un sistema de administración e impartición de justicia que no acumule deuda social sino más bien, garantice que las víctimas no habrán de esperar tres y hasta cuatro décadas para obtener respuesta. Ese esfuerzo pone en tensión viejas estructuras acostumbradas a la utilización del sistema en favor de sus causas, sus intereses y su propio beneficio.

  5. De allí que en respuesta a procesos judiciales que afectan los intereses particulares de quienes integran o se relacionan con la Fundación Contra el Terrorismo, su representante además de sostener un discurso de odio en contra del derecho a defender derechos, promueve querellas y denuncias espurias. Así, esta entidad se inició con quejas judiciales en contra de más de cien personas a quienes calificó de terroristas y guerrilleros o guerrilleras, sin aportar evidencias y como un acto de venganza ante el juicio por genocidio.

  6. Posteriormente también presentó denuncia en contra de columnistas de opinión, así como fiscales y auxiliares fiscales, incluidas la anterior y actual jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, respectivamente. De igual forma ha presentado querella penal en contra de jueces y juezas del sistema de justicia y recurrió en amparo en contra de la institución del Procurador de Derechos Humanos.

  7. La acción más reciente es la querella en contra de los defensores de derechos humanos y abogados; Rafael Maldonado, Director Legal y Mandatario Judicial del Centro para la Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS); Ramón Cadena, representante en el país de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y; Miguel Moerth, asesor e integrante del Bufete Jurídico de Derechos Humanos. Los tres abogados acudieron en auxilio de la comunidad de La Puya, que obtuvo mediante su resistencia pacifica la orden de cancelación de funciones del proyecto minero El Tambor.

  8. En virtud de esa presencia de acompañamiento legal, ahora la Fundación Contra el Terrorismo les señala de delitos tales como, detención ilegal, usurpación agravada, discriminación, amenazas, allanamiento ilegal, apología del delito, conspiración, instigación a delinquir y asociación ilícita. Una acción que obviamente busca impedir que las organizaciones y comunidades recurran al auxilio legal cuando sus derechos son vulnerados por la arbitrariedad de funcionarios públicos y empresas corruptoras.

        Ante estos hechos, como Convergencia por los Derechos Humanos:

  • Manifestamos nuestra solidaridad con Rafael Maldonado y CALAS, Ramón Cadena y la CIJ, así como con Miguel Moerth y el Bufete Jurídico de DDHH, y todas las personas, defensores y defensoras de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas, a quienes se persigue fraudulentamente abusando del recurso judicial.

  • Requerimos del sistema de justicia (Organismo Judicial y Ministerio Público), desestimar querellas y demandas basadas en falsedades y carentes de sustento judicial y proceder a certificar lo conducente a fin de que se investigue las motivaciones, métodos y patrocinios interesados en debilitar la administración de justicia en Guatemala.

  • Invitamos a la Fundación Contra el Terrorismo a ejercer sus derechos ciudadanos apostando por el fortalecimiento del Estado de Derecho, la consolidación de la democracia y la construcción de relaciones sociales en armonía con el irrestricto respeto a las diferencias.

  • Llamamos a defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, operadoras y operadores de justicia, a mantener su labor en beneficio de la sociedad y la democracia, sin que las presiones y demandas espurias les atemoricen.

 

Guatemala, 26 de enero de 2016