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COMUNICADO

 

 

 

LA CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS

ANTE LA DESARTICULACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARALELA DE LA “LINEA”

Este 16 de abril, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) y el Ministerio de Gobernación realizaron varios allanamientos y capturas de personas vinculadas a una estructura paralela dedicada al contrabando, la cual funcionaba enquistada en altas esferas del ejecutivo, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y una empresa comercial.

La investigación fiscal realizada en conjunto con la CICIG, identifica como Jefe de la Estructura a Juan Carlos Monzón, Secretario Privado de la Vicepresidencia, e incluye al actual y anterior Jefe de la SAT, Omar Franco y Carlos Muñoz, respectivamente. La estructura hoy desmantelada trae de nuevo a la mirada pública personajes que en el pasado han sido vinculados a diversas estructuras clandestinas. El primero es el caso de Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jeréz y presunto miembro de la estructura de contrabando de Alfredo Moreno. El segundo caso es el de la Boutique Emilio que ya durante el gobierno de Álvaro Arzú había sido señalado de ser centro de operaciones de la estructura paralela del Ministerio Público, “La Oficinita”. Recuérdese que durante el gobierno de Álvaro Colom –el propietario Luis Mendizabal- estuvo involucrado en el uso del caso Rosemberg como mecanismo de desestabilización. Durante el gobierno de Vinicio Cerezo, Luis Mendizabal, fue señalado de promover golpes de estado. Justo ahora reaparece en una estructura de contrabando.

La labor de la CICIG en este caso y en casos previos ha mostrado con claridad la incrustación de estructuras paralelas que se anclan en el quehacer político y económico para generar lucro personal y garantizar que en Guatemala, el Estado sea un ente ficticio por la incapacidad financiera y real de ejercer su trabajo en función del bien común.

Sabemos que esta investigación deberá continuar y que hay actores a quiénes claramente debe deducírseles responsabilidades legales, morales y políticas que sienten un precedente en Guatemala. Asimismo, falta ver si el sistema de justicia actúa con independencia en el tratamiento del caso.

En tal sentido y, antes de hacer un análisis en esa línea, la Convergencia por los Derechos Humanos felicita el trabajo de la CICIG, encabezada por el Dr. Iván Velásquez, que en conjunto con fiscales guatemaltecos como Oscar Schaad, ha mostrado que independientemente de la oposición del Presidente a la extensión de su mandato y a su función, puede cumplir con sus obligaciones.

Por lo tanto, la Convergencia por los Derechos Humanos exige al Presidente de la República que de inmediato y sin ningún pero amplíe el mandato de la CICIG por tres años más.

#CICIGSí

Guatemala, 16 de abril de 2015