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COMUNICADO

DETENER LA PROVOCACIÓN, LA AGRESIÓN Y LA REPRESIÓN A LA CIUDADANÍA

 

  1. Las organizaciones sociales, universidades privadas y estatal, centros de estudio y ciudadanía en general, acordaron un paro progresivo del 25 al 27 de agosto, en demanda de la dimisión del mandatario por ser líder de una banda criminal dedicada al saqueo de fondos públicos.
  2. En el mensaje a la nación el  23 de agosto, Otto Pérez Molina llamó a la confrontación y lanzó una amenaza a quienes ejercen sus derechos constitucionales de reunión, petición, manifestación y libre expresión, entre otros.
  3. El 24, mediante oficio del vice ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC), fue instruida para “impedir acciones que atenten contra la seguridad y el Estado de Derecho”. Instrucción que sirvió de pretexto para reprimir violentamente las manifestaciones ciudadanas del martes 25 lo que pone en riesgo la integridad de la ciudadanía que se suma a las manifestaciones. Por ejemplo, en Cuyotenango, Chimaltenango y San Julían fue particularmente violenta la acción policial, al extremo de que elementos de PNC y civiles, incluido un niño, fueron heridos de bala.
  4. Las y los reporteros que han cubierto los traslados de la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías, ahora ligada a proceso por varios delitos, han sido agredidos por las fuerzas de seguridad. El viernes 21 la PNC lanzó gases lacrimógenos a periodistas y público aglomerado al ingreso del cuartel Matamoros. El martes 25, el reportero Oliver Paniagua del Diario de Centro América (oficial) sufrió la fractura de un brazo por la agresión policial a la prensa que cubre el proceso.
  5. A ello se suma la acción del sector empresarial cuya organización, con el pretexto de evitarse pérdidas, obtuvo de la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo a fin de reprimir las manifestaciones en todo el país.
  6. Todas estas son acciones desde el gobierno que utiliza a las fuerzas de seguridad para reprimir a la población que ejerce sus derechos o que, como en el caso de la prensa, cumple con su función de informar a la ciudadanía. Tales acciones de gobierno y empresarios, violan los derechos humanos e incumplen los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala.

Por lo anterior, la Convergencia por los Derechos Humanos:

  1. Condena las agresiones en contra de la población que pacíficamente se manifiesta y hace uso legítimo de libertades y derechos  protegidos por la ley. Exige a las autoridades de la PNC desistir de sus prácticas represivas e invita a las y los agentes de la fuerza pública a no cumplir órdenes ilegales de agredir a la población.
  2. Reclama a la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la investigación de todas y cada una de las denuncias de estos hechos de abuso de autoridad y la sanción correspondiente de las y los responsables, así como la denuncia a donde corresponda. Requiere de igual forma, el acompañamiento a las movilizaciones a fin de evitar nuevos actos de agresión gubernamental o provocación de grupos de choque paraestatales.
  3. Invita a la sociedad guatemalteca a mantener su lucha ciudadana con dignidad, sin tolerar provocaciones y a estar vigilantes ante cualquier intento por infiltrar las movilizaciones para justificar la represión. Insta a los liderazgos sociales a poner en práctica planes de seguridad y protección de sus conglomerados, a fin de identificar plenamente a quienes intenten pervertir el sentido ciudadano de la expresión social.
  4. Reitera su exigencia de la renuncia de Otto Pérez Molina a la presidencia de la república y la suspensión de las elecciones para las que no hay condiciones de legalidad ni legitimidad.

 

Guatemala, 25 de agosto de 2015