COMUNICADO

LA CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS

 A ROMPER EL CERCO DE VIOLENCIA CONTRA DEFENSORES DE DD HH

 

En los últimos doce días, se ha producido un cerco de violencia asesina contra defensoras y defensores de Derechos Humanos en Guatemala. Este asedio en contra de quienes ejercen y defienden derechos, se  ha puesto de manifiesto entre otros, en los siguientes acontecimientos:

  • En San Juan Cotzal, Quiché, en la zona ixil, el 11 de septiembre fue asesinado Sebastián Sajic Córdova, dirigente comunitario, guía espiritual y promotor de derechos de defensa del ambiente. Además, ocupaba el cargo de Principal de Principales, una posición ancestral de la cultura maya, que lo identificaba, precisamente, como una figura clave en la organización social del pueblo maya-ixil. Don Sebastián, era querellante comunitario en el caso en contra de la hidroeléctrica de la empresa transnacional Enel, presidente del Comité de Víctimas de su comunidad y también testigo en el caso por genocidio.
  • El  18 de septiembre, el profesor Rigoberto Lima, quien denunció el ecocidio del Río La Pasión, en Sayaxché, Petén, fue asesinado frente al juzgado de Paz de ese municipio. El profesor Lima, era defensor del derecho al ambiente sano y había señalado la responsabilidad de la empresa Reforestadora de Palma del Petén Sociedad Anónima (REPSA), contra la cual precisamente un día antes, un tribunal había ordenado el cierre de operaciones.
  • El abogado Pedro Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), ha sufrido varios incidentes de seguridad, derivados de su actuación como querellante en el caso REPSA. Estas acciones se suman a una constante de amenazas, agresiones y ataques sufridos por el defensor del derecho al ambiente sano y a defender derechos, Pedro Rafael Maldonado.
  • La Jueza de Primera Instancia Penal de Narcoactividad, de Delitos contra el Medio Ambiente del Departamento de Petén, Karla Damaris Hernández García, quien dictó la orden de cierre temporal de REPSA, estuvo retenida por trabajadores de dicha empresa quienes cercaron el Centro de Administración de Justicia (CAJ), de Petén. Derivado del ambiente de intimidación en inseguridad, la jueza Hernańdez García, operadora de justicia, teme por su seguridad e integridad. 
  • La mañana del 23 de septiembre, fue asesinado el abogado Roberto Álvarez, frente a su bufete en San Benito, Petén. El profesional del derecho, representaba a comunitarios en defensa de su derecho a la tierra, ante acciones de despojo en contra de los mismos.

A los hechos descritos se suma que el 24 de septiembre fue atacado a balazos, Jorge Domínguez, quien portaba un carnet falso  de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el cual  supuestamente estaba validado con la firma del actual presidente de la república, Alejandro Maldonado Aguirre. Una situación que como mínimo se trata de un montaje o, lo que sería algo peor, se evidencia una estructura que podría estar ligada a funcionarios de gobierno y que usurpa el nombre de la CICIG.

Por los casos descritos, se ve con preocupación el cerco de violencia en torno a las y los defensores de derechos humanos, el cual no solo se incrementa sino que se eleva en intensidad en el tipo de ataques y el entorno de amenaza.

Ante estas circunstancias, la Convergencia por los Derechos Humanos:

  1. Emplaza a las autoridades de gobierno a cumplir con su obligación constitucional así como las derivadas de tratados internacionales, en el sentido de proteger y garantizar el derecho a defender derechos humanos. Para ello, es menester que:
  • Realice acciones públicas de dignificación y reivindicación del derecho a defender derechos humanos y ponga en práctica el mecanismo de protección, en consulta con las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos.
  • Sancione a las y los funcionarios que incumplen con las resoluciones que ordenan medidas de protección a defensoras y defensores de derechos humanos.
  • Ordene que se investiguen los hechos de agresión a defensores y presente públicamente los resultados

      2. Solicita a la CICIG, incorporar en sus investigaciones a las estructuras de agresión a defensores y defensoras. En particular que establezca los vínculos de       dichas estructuras, con empresas transnacionales y sus relaciones con Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS).

      3. Alerta a organizaciones y a defensoras y defensores de derechos humanos, sobre la situación de gravísimo riesgo que se está configurando y les llama a         a redoblar medidas de seguridad y protección, así como a denunciar toda agresión.

 

 

Guatemala, 24 de septiembre de 2015