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COMUNICADO Convergencia por los Derechos Humanos

Las organizaciones que conformamos la Convergencia por los Derechos Humanos, ante la publicación del Acuerdo Gubernativo 31-2015, que crea los Escuadrones del Cuerpo Especial de Reserva para la Seguridad Ciudadana, a la opinión pública nacional e internacional,

MANIFESTAMOS:

Que el Estado de Guatemala en la Constitución Política de la República reconoce la vida, integridad y seguridad de las personas como pilar principal y fundamental de su organización social.  Se organiza y funciona para lograr a través de la implementación de políticas, planes y programas la realización del bien común, procurando la armonía de todos sus habitantes.

Que el Estado de Guatemala al suscribir los Acuerdos de Paz, concretamente el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y función del Ejército en una Sociedad Democrática, reconocido por la Ley Marco de los Acuerdos de Paz Decreto 52-2005 del Congreso de la República, se comprometió a delimitar la función del Ejército a la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio, excluyendo taxativamente otros ámbitos de acción.

Que a pesar de esta prohibición expresa, desde el año dos mil hasta la presente fecha, se ha ido incrementando la presencia del Ejército en labores de seguridad ciudadana, sin que hasta el momento se haya podido establecer la incidencia que estas acciones tienen en el aumento o descenso de la criminalidad. Por el contrario, en muchas ocasiones la intervención del Ejército en labores de seguridad ciudadana ha desembocado en graves violaciones a los derechos humanos, documentadas tanto por la Procuraduría de los Derechos Humanos como por el Ministerio Público, entre otras instituciones.

Que la creación de un escuadrón dentro de la jerarquía militar implica que el Ejército asume de forma integral y completa la seguridad ciudadana y no como acción incidental o momentánea. En otras palabras, la formación de estos escuadrones es un paso de institucionalización del involucramiento del Ejército en seguridad ciudadana, lo que le  convierte en una guardia de ocupación territorial, de facto.

Que el Acuerdo Gubernativo 31-2015 es claramente inconstitucional, contrario al texto y espíritu de los Acuerdos de Paz, así como a una visión de seguridad respetuosa de los derechos humanos.  Adolece de controles administrativos claros que permitirían guiar el correcto actuar de dichos escuadrones por lo que pueden ser utilizados para aplicar estrategias de represión y criminalización de sectores vulnerables, sin que las instituciones de control puedan fiscalizarlos.

Como organizaciones defensoras de Derechos Humanos de diferentes sectores sociales, consideramos que la seguridad debe abordarse desde una perspectiva integral que reconozca y ubique los efectos diferenciados de la violencia y la inseguridad ciudadana. La seguridad es un derecho que en Guatemala ha sido vulnerado por concepciones militares, contrainsurgentes, de control, vigilancia y represión. El decreto en mención proviene de, y reproduce esa lógica.

Por lo anterior,

EXIGIMOS AL ORGANISMO EJECUTIVO:

  1. La derogación inmediata del Acuerdo Gubernativo 31-2015 que crea los Escuadrones del Cuerpo Especial de Reserva para la Seguridad Ciudadana, por ser contraria a la Constitución, los Acuerdos de Paz y el marco internacional en materia de derechos humanos ratificado por Guatemala, además de carecer de controles para el actuar de los mismos.
  2. La revisión del esquema de seguridad que ha involucrado al Ejército en labores de seguridad ciudadana, evaluando de forma independiente sus alcances y limitaciones desde su creación hasta la presente fecha, así como la necesidad de su mantenimiento.
  3. El retiro del Ejército de las labores de seguridad ciudadana.  El Estado debe aplicar los nuevos paradigmas de la seguridad en una sociedad democrática respetuosa de los derechos humanos, y dejar de utilizar la retórica y estrategias propias del conflicto armado interno.

Guatemala, 12 de febrero de 2015.