PRONUNCIAMIENTO

Ciudad de Antigua Guatemala, 19 de mayo de 2017

RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Las organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras violaciones a los Derechos Humanos, reunidas en Antigua Guatemala del 15 al 19 de mayo de 2017, en el Seminario sobre: “Los datos en la lucha contra la Impunidad” observamos con mucha preocupación las distintas realidades de nuestro continente que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y que fomentan la impunidad, entre ellas:

  1. La coyuntura actual que se vive en Venezuela, en medio de constantes protestas que se han tornado violentas y que se ven reprimidas por cuerpos de seguridad del Estado en donde lamentablemente decenas de personas han perdido la vida y otros centenares han resultado heridas. 

  2. La implementación en México de una política de seguridad nacional con el pretexto de la “Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”, demostrando el poder de las fuerzas armadas y elevando el número de detenciones arbitrarias, desaparición forzada de personas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, dirigida a la población en general. Es importante destacar la violencia dirigida contra periodistas, defensores de derechos humanos, migrantes, integrantes de movimiento social. El Estado mexicano mantiene la simulación de protección a derechos humanos, pero la realidad de las personas afectadas y su lucha de búsqueda de justicia lo desenmascaran. Consideramos que frente al aumento de las violaciones citadas, México se encuentra en una grave crisis humanitaria.

  3. La muerte en Guatemala de al menos 41 niñas, con la implicación del Estado Guatemalteco en dichas muertes, dentro de una institución estatal que las debía proteger, denominado paradójicamente “Hogar Seguro”, evidencia un retroceso en materia de derechos humanos, por lo que es necesario que sean atendidas de forma integral las victimas sobrevivientes y familiares. Esta tragedia no debe quedar en la impunidad, deben ser juzgadas todas las personas que de una u otra forma fueron responsables, por acción u omisión. 

  4. El fortalecimiento en Honduras de una política de represión hacia las personas privadas de libertad al construir cárceles con espacios de máxima seguridad en los cuales soportan condiciones constitutivas de Tortura y Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes. Por otra parte, el Poder Legislativo adopta un enfoque penalizador al discutir el nuevo Código Penal reflejando un aumento de las penas que tendrá como resultado un impacto negativo sobre el sistema penitenciario, último eslabón del sistema de justicia. 

  5. La degradación de un sistema jurídico policial en Bolivia que por falta de un sistema de investigación serio, científico, utiliza la tortura e incrementa los tratos crueles, inhumanos y degradantes para obtener confesión e información. A esto se añade que se ha creado un Mecanismo Nacional de Prevención dependiente del Ministerio de Justicia y no se ha conformado aún la Comisión de la Verdad.

  6. La creciente sofisticación de las acciones dirigidas a impedir, obstaculizar, o desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos por parte de defensores y defensoras de los Derechos Humanos en diversos países de la región.

  7. La búsqueda de mecanismos para asegurar impunidad o disminución de penas de perpetradores condenados por crímenes de lesa humanidad en Argentina.

  8. La creciente criminalización de la protesta social cuyo fin es acallar a todos aquellos que se levantan contra las autoridades corruptas y cuestionan el orden establecido.

En consecuencia:

Resulta propicio hacer un llamado urgente a la paz y al respeto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Los distintos actores de oposición y gobierno deben retomar el diálogo a favor del entendimiento para así evitar el aumento de muertes en medio de estos más de 50 días de protestas. El respeto de los derechos humanos debe ser prioridad y el pueblo venezolano tiene la responsabilidad de ejercer sus derechos en paz para así lograr que los acuerdos políticos contribuyan a lograr definitivamente la unidad en este país. La situación de vulneración de los Derechos Humanos fundamentales en Guatemala hace necesario fortalecer la institucionalidad de la Oficina de Prevención Contra la Tortura, TratosCrueles Inhumanos y Degradantes además de la Procuraduría de Derechos Humanos. Ambas elecciones de la dirigencia de estos mecanismos se encuentran actualmente en el Congreso de la República, hacemos un llamado para que se elijan personas idóneas comprometidas con la  defensa y promoción de los más altos ideales de respeto humano. Manifestamos el respaldo a los esfuerzos del pueblo guatemalteco que se están desarrollando en contra de la impunidad y la corrupción, aquí reconocemos el compromiso del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-. Instamos al gobierno de Honduras a enfocar su atención en programas de rehabilitación y reinserción para las personas privadas de libertad. Como veladores de las garantías y de respeto a la dignidad, demandamos que los esfuerzos gubernamentales, financieros y los político-sociales se enfoquen en la prevención para que la juventud hondureña tenga oportunidades para superar la exclusión social.

Hacemos un llamado al nuevo gobierno del Ecuador para que de acuerdo a lo que establece la Constitución, se concrete un diálogo con la sociedad civil, anteponiendo un proceso de amnistía a todos los y las defensores/as de derechos humanos y de la naturaleza que han sido víctimas de hostigamiento y enjuiciamiento en contra del derecho a la resistencia en las movilizaciones de agosto del 2015 por la defensa de los territorios ancestrales. Instamos a todos los gobiernos de la región a concretar las políticas de reparación de las víctimas que aún están pendientes y a concretar los procesos de Paz. Instamos a los gobiernos a poner en marcha las Comisiones de la Verdad y dar a conocer los Archivos de las fuerzas de seguridad.

Apoyamos los procesos de negociación en Colombia y hacemos un llamado para que en su implementación para la construcción de la Paz se ponga al centro de las preocupaciones, la necesidad de acordar e implementar programas de atención y rehabilitación psicosocial a nivel individual y colectivo, desarrollados por instituciones profesionales y experimentadas en el campo psicosocial, para contribuir a superar las afectaciones emocionales y físicas derivadas del conflicto armado interno que durante seis décadas ha vivido el país. La reconstrucción del tejido social y de las vidas afectadas por el conflicto, requiere de procesos de reparación psicosocial orientados desde la perspectiva de las personas y comunidades afectadas, la dignidad de las Victimas y la mejora de las condiciones de vida de los sobrevivientes.

Valoramos y aplaudimos la manifestación masiva de repudio del pueblo argentino ante la resolución de la Corte Suprema que otorgó disminución de pena a un torturador, en medio de una campaña de mutacionismo de los crímenes perpetrados por la dictadura.

Instamos a los pueblos de América Latina a estar alertas ante las campañas negacioncitas y los mecanismos judiciales que promuevan la impunidad. Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de Rodrigo Quintana asesinado por un miembro de la Policía Nacional en Paraguay, y exigimos a las autoridades de dicho país una clara y profunda investigación y castigo a los responsables

Instamos a los gobiernos de los países firmantes del Protocolo Facultativo contra la Tortura a cumplir con las obligaciones relacionadas con los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, asumidas por el Estado parte al ratificar el OPCAT:

  1. Creación mediante un procedimiento público, transparente, inclusivo e independiente en el que participe un grupo ampliamente representativo de las partes interesadas, en particular la sociedad civil.

  2. El mecanismo nacional de prevención debe encauzar sus acciones y recursos para lograr una contribución real a la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recomendamos a los gobiernos la exigencia de la utilización del Protocolo de Estambul en los informes y dictámenes sobre víctimas de tortura y sus familiares. 

Por la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos:

Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos (ATYHA), Paraguay.

Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.

Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus

Familiares (CPTRT), Honduras.

Centro de Apoyo Psicosocial (CAPS), Colombia.

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.

Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.

Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.

Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.

Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Bolivia.

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala.

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Venezuela.

Red para la Infancia y la Familia(REDINFA), Perú.